Esta noticia fue confirmada a UNIVERSIDAD por grupos ambientalistas e incluso por Alex May, presidente de la CTNB y también jefe del programa de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura (MAG), quien señaló que ahora se está redactando el dictamen de la Comisión, junto con el acta jurídica.
“Esta resolución va en el sentido que se permita la investigación de las líneas de piña genéticamente modificados en niveles más amplios de hectareaje”, puntualizó el funcionario del MAG.
Terminado este proceso el Ministerio deberá tomar una postura sobre el dictamen de riesgos emitido por dicha comisión, aunque May confirmó que no existe ningún impedimento para que el MAG frene la expansión solicitada por la empresa, que ya había recibido un permiso en el 2005.
Cabe recordar que LM Veintiuno desde el año 2005 realiza investigación en semillas de piña, para el mejoramiento genético de estas; tales estudios se han realizado hasta la fecha en fincas de no más de 3 hectáreas, propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte-PINDECO, en la zona Sur del país.
En noviembre del año anterior solicitó ante la Comisión un permiso “para expandir la siembra de 8 a 10 líneas de variedades de piña genéticamente alterada, para unas áreas de 10 a 20 hectáreas para cada línea”; esto representaría hasta 200 hectáreas de piña transgénica para la investigación, y según el permiso presentado ante la CTNB para la “siembra semicomercial”.
May negó que se haya presentado un proyecto para propiciar el consumo de estos alimentos; “ese concepto semicomercial es muy relativo; bajo nuestro criterio sigue siendo investigación y desarrollo; si ellos consideran entrar en una etapa comercial deberán cumplir otros requisitos”.
Jaime García, profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, al rebatir lo anterior dijo: “no puedo entender un experimento de 200 hectáreas; es fácil tomar decisiones cuando luego no se asumen las responsabilidades de estas”.
El primer intento por expandir la producción de piña transgénica fue rechazado por la CTNB, ya que la información presentada por la empresa fue escasa, por lo que se solicitó mayor detalle de la actividad; esos documentos fueron aportados el pasado 6 de octubre y en ellos se justifica la expansión como parte de las “etapas avanzadas de investigación”.
Los representantes de grupos ambientales ante la CTNB critican la falta de discusión de los permisos que se le otorgaran a la empresa: “no existen análisis clínicos, ni biológicos, tampoco se presentó ante la comisión el análisis de equivalencia sustancial, o sea cuál va a ser el paradero de lo que se produzca, por lo que yo lo veo como un acto alcahueta de parte de los miembros de la Comisión que votaron a favor”, lamentó Fabián Pacheco, miembro de la Federación Ecologista Costarricense (FECON).
Una de las principales dudas es que la empresa LM Veintiuno no especifica cómo va a controlar las 200 hectáreas sembradas de piña transgénica, para que estas no provoquen la introducción de estas semillas modificadas en la cadena agroalimentaria.
“La empresa dice que va a poner rótulos donde se diga: acá se siembra piña transgénica no se meta; ese tipo de medidas no son buenas para la bioseguridad”, indicó Henry Picado, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Hizo ver que estudios de la Comisión Europea sobre medio ambiente señalan desde la década de los noventas, que “un organismo transgénico liberado al medio es imposible de controlar”.
A lo anterior, Fabián Pacheco añadió que “la piña no tiene semillas de origen sexual que puedan filtrarse con vida silvestre mediante el viento, pero ¿cómo se va a controlar que los trabajadores que van a saber que esta piña es nueva y especial, no se roben hijitos y se los lleven, y empiecen a sembrar en sus casas? De esa forma se introduce en la cadena agroalimentaria nacional una piña que no ha sido evaluada para el consumo”.
Mientras tanto, el Director del Servicio Fitosanitario del Estado defiende el proyecto de expansión, al considerar que hasta el momento la empresa ha cumplido con los protocolos exigidos por ley en materia de alimentos transgénicos.
“Creemos que con las herramientas que tenemos ahorita de monitoreo y vigilancia, no se va a tener ningún conflicto, trasgresiones o incumplimientos, ya que es un cultivo fácil de manejar”, explicó Alex May.
Ante esta posición, Pacheco cuestionó la labor del MAG, por cuanto “lo que vemos es que los funcionarios que están en el MAG velando por la bioseguridad, más les preocupa defender el interés de transnacionales, que el bienestar de la población civil; el mejor ejemplo es el de esta piña aprobada sin estudios serios y profundos, que garanticen la inocuidad de este cultivo transgénico”.
PAÍS “VERDE” CON ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Desde 1991 el país cuenta con experiencia en materia de organismos genéticamente modificados, con un amplio marco de regulación jurídica, y con una serie de proyectos de investigación y liberaciones, pero cuya siembra o consumo para el mercado interno no se ha autorizado.
La regulación existente no elimina las dudas de los sectores ambientalistas, tal y como lo menciona el docente universitario Jaime García, quien planteó: “por ejemplo, se habla de que las empresas tienen que tener regentes, pero estos son pagados por las mismas empresas; usted no puede controlar un organismo vivo luego de que lo libera en el ambiente; estos no atienden leyes más que las de la vida”.
Actualmente se desarrolla investigación principalmente en la provincia de Guanacaste, con semillas de soya y algodón.
Según datos del Servicio Fitosanitario del MAG, al año pasado cerca de 800 hectáreas producen cultivos genéticamente modificados, habiéndose reducido en más de un 50% en comparación al año 2009.
Alex May, justifica la incursión del país en este tipo de investigaciones, en vista de que “el desarrollo tecnológico siempre pretende obtener beneficios no solo económicos, sino para el país”.
Por su parte, grupos como la FECON cuestionan el interés de transnacionales de lucrar con el desarrollo de este tipo de investigaciones, las cuales hacen que sea “un jugoso y enorme negocio, ya que cualquier productor nacional que quisiera sembrar este tipo de productos deberá pagar patentes, regalías, o incluso firmar contratos donde se compromete a utilizar un paquete tecnológico; es una lógica de apropiación corporativa de los cultivos y la agricultura”, criticó Fabián Pacheco.
Ahora los sectores ambientales involucrados en el tema trabajan en una campaña de denuncia internacional, para evidenciar el doble discurso del Estado. Cabe recordar que en setiembre pasado la Ministra de Agricultura, Gloria Abraham, habló sobre producción responsable de piña en el país en una mesa redonda organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este sentido, Henry Picado aseveró que “no se puede hablar de piña responsable ampliándose permisos de este tipo; ahí cabría preguntarse: ¿responsable para quién o quiénes?”
Por David Chavarria Hernandez, SEMANARIO UNIVERSIDAD 2 de Noviembre del 2011
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